“Algún día se va a derrumbar El Corte. Así como lo oye: se va a derrumbar. La gente construye casas y más casas. Y no se da cuenta de que ese corte geográfico -de ahí su nombre- se está viniendo abajo”. José Domián, ingeniero hidráulico, LA GACETA, 31/03/2015

Menuda tarea le espera al equipo que motoriza la arquitecta Paula Boldrini para hacer realidad, durante un año, el proyecto federal de innovación para conseguir la integración socioambiental y productiva de la Sierra de San Javier y el Gran San Miguel de Tucumán. El sueño de años de urbanistas y ambientalistas. También, de algún modo, cierta esperanza de desarrolladores inmobiliarios que están limitados con la prohibición para construir más arriba del río Muerto, que rige en Yerba Buena desde 2016, y con la ordenanza que limita las construcciones en la misma zona de Tafí Viejo.

Un proyecto federal busca salvaguardar San Javier de la expansión metropolitana

El programa fue lanzado en el Centro Cultural de la UNT el miércoles pasado y estaban representantes de los tres municipios del Oeste –Tafí Viejo, Yerba Buena y Lules-, el responsable de las comunas rurales, Juan Morillo (a través de él se supone que se integraban las comunas de San Pablo y La Esperanza), de la UNT, del Conicet y de la Sidetec. En el público había socios estratégicos del programa -gente del INTA y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena- y de Desarrollo Productivo.

En vez de prohibir, integrar

Boldrini explicó el proyecto con la idea de vincular e integrar, en vez de enfrentar a los distintos grupos que habitan o quieren habitar las yungas, “con rigurosos criterios residenciales que sirvan de amortiguamiento al aceleramiento descontrolado de la expansión urbana”. Habló de un modelo sostenible para avanzar en procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial participativo. “En lugar de estrategias prohibitivas, buscaremos unas propositivas y motorizar actividades apropiadas para el uso cuidadoso, público y eficiente del piedemonte”. Habló de zonificación del uso de suelo, programa de acción interjurisdiccional colaborativo, una plataforma pública de monitoreo y la ejecución de experiencias demostrativas piloto en el territorio. Con ello se impulsaría una línea ecoproductiva: mercados, ferias barriales y grupos de emprendedores bajo la lógica de economía social y solidaria, con inclusión social y laboral de población vulnerable. También, desarrollo del turismo local mediante nuevos senderos en la sierra y mejoras sustanciales en el manejo del residuo sólido urbano, con recolección diferencial. Y concientización.

Lanzan proyecto federal de protección de la sierra de San Javier

Franco Marigliano, secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, fue específico: contó que la sierra es para Yerba Buena “la madre ambiental de toda la ciudad” y que en los ocho años pasados desde que se prohibieron las construcciones en el piedemonte no pudieron levantar la restricción. “Creemos que es el momento de revisarla; no sé si flexibilizarla pero contemplar que hay alternativas posibles”. Y ejemplificó: “Yerba Buena se divide de San Pablo y de Manantial por un alambre. Uno cruza un metro y medio y está del otro lado. Sin embargo, nosotros hemos prohibido todo tipo de construcciones y San Pablo, no. Esto no quiere decir que San Pablo esté mal y nosotros bien. Digo que a veces nada marca un límite cuando la geografía, el clima, la topografía y los inconvenientes son los mismos. Entonces si no pensamos de manera planificada y regional esto va a ser muy difícil. Para nosotros es esencial que no quede sólo en el papel sino que pueda transferirse a gestiones concretas”.

Cuando fue el turno de los responsables de comunas rurales y de Lules, las referencias fueron más livianas. Ya se sabe que tanto San Pablo (al sur de Yerba Buena) como La Esperanza (al norte de Tafí Viejo) han permitido la expansión de los barrios cerrados en el piedemonte. San Pablo incluso permitió dos barrios en la punta del cerro, en Villa Nougués, zona considerada roja ambientalmente. Morillo dijo que se está trabajando con San Pablo en el tema medio ambiente -mencionó campañas para proteger el tucán- y dijo que “encontramos mucho trabajo social pero no había direccionalidad para enfocar nuestro trabajo. No tenían idea de áreas protegidas”. El secretario de Ambiente de Lules, Roberto Ortiz, dijo que están trabando con el INTA, que se esfuerzan en la concientización, “en especial en el cuidado de la Quebrada de Lules” y que “pedimos controles de la tala en la zona”.

Un área gobernada como si fueran islas

A su turno, Noguera fue directo y dio la dimensión de la tarea por hacer: “en el área metropolitana, el impacto en la política influye sobre el 70% de la población tucumana, que vive en el 5% del territorio provincial, que es el Gran San Miguel de Tucumán, que ocupamos seis municipios -acá lo sumamos a Lules también; siete municipios-, 12 comunas rurales. Integramos un solo paño urbano, que, sin embargo, se gobierna como si fuesen islas”. Ahí le llamó la atención a la ciudad de San Miguel de Tucumán, ausente en el encuentro, que “tiene un peso específico singular y al mismo tiempo también una responsabilidad muy especial en pilotear la solución que el área metropolitana demanda ahora”.

Crecimiento desmadrado

Explicó que el área está integrada en una sola ciudad, conceptualmente, en la que los servicios de salud y educación están mediados por el transporte que “no está regulado”. El Gran Tucumán “no tiene planificado el transporte, la movilidad urbana, la accesibilidad… y tampoco se está planificando a futuro”. Agregó que desde el punto de vista urbano el área “está creciendo desmadrada”, del Este hacia el Oeste por las mejores condiciones de vida, más servicios, agua de mejor calidad, mejor clima. “¿Y qué estamos haciendo nosotros para que la gente no produzca esa migración? Absolutamente nada”.

Planteó que hay que constituir un órgano supraestatal, “ya no solamente desde el plano teórico del urbanismo, sino también desde la política, la necesidad imperiosa de constituir un área metropolitana que aborde con seriedad los problemas del urbanismo, pero fundamentalmente de la vida del ciudadano de a pie”.

Citó el libro “El nudo” de Carlos Pagni, donde se reflexiona especialmente sobre el área metropolitana, “y sobre todo los esfuerzos teóricos, pero también prácticos, organizacionales, para tomar la sartén por el mango. Y sin embargo, no ha sido posible”. Esto -dijo- genera enormes conflictos, “no solamente de orden social, cultural, sino también políticos, de representación política, fundamentalmente, (que llevan a) crear un país, una sociedad muy injusta, muy dividida, y a eso creo yo, marchamos también, lamentablemente, en el área metropolitana, si no intervenimos dramáticamente en este asunto”.

Pidió que esta migración hacia el Oeste cese y que se generen mejores condiciones de urbanización sobre el Este tucumano, el río Salí. Se preguntó cómo es posible que haya sólo dos puentes sobre el Salí, por los que tienen que pasar a diario 100.000 pobladores del Este. “Debería haber por lo menos dos trenes que conecten esas poblaciones y cuatro, cinco puentes más”.

También renegó de que se haya hecho ese megabarrio que es Lomas de Tafí . “Son 600 hectáreas de suelo fértil, de los más exquisitos que tiene la tierra, que hemos urbanizado, lamentablemente”. “No podemos seguir cargando de infraestructura el piedemonte, urbanizando suelos de panllevar, que bien pueden transformarse, como lo pretende este proyecto, en suelo fértil que produzca alimento de gran valor”. Y planteó que hay muchas cosas que se pueden cultivar en las yungas, como lo hacen Jujuy, Salta y Catamarca, sin afectar la sostenibilidad. Café, vid, tomate de árbol (chilca). Explicó que Tucumán tiene entidades poderosas para esos desarrollos, como el INTA y la Estación Experimental. “Tenemos un enorme potencial para transformar ese sotobosque, ese piedemonte, sin invadirlo”.

“Pero bueno, quién sabe si en el futuro, no solamente por la legislación modificada o por alguna pretensión de algún político, se va avanzando; o en comunas donde no tienen esta capacidad técnica de reaccionar frente a estos embates empresariales porque no tienen los cuadros técnicos, la información política, ni el entendimiento de la complejidad que tienen estos temas… Bueno, ahí es donde el área metropolitana tiene que consolidarse en un solo paño político”, concluyó.

Desde hace tiempo el abogado Benito Carlos Garzón viene advirtiendo sobre la falta de publicación y de ejecución del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior del País (DAMI), que se hizo, financiado por el BID, para cuidado de la sierra y del área metropolitana. Mientras tanto, en la intendencia de Daniel Toledo, hasta 2015, se pavimentaron 1.700 cuadras en Yerba Buena y se superdesarrolló la cincuentena de countries que había en 2007. Y ahora sigue creciendo hacia el norte y se expande por el borde de Cebil Redondo-Villa Carmela.

Este nuevo proyecto llega con la idea de unificar investigaciones urbanísticas y de clima y ambiente, que se llevan a cabo aisladamente. Tiene un año para mover la maquinaria. Que así sea.

“Cuando llegue el día en que Yerba Buena amanezca a la altura de La Banda del Río Salí, arrastrada por los aluviones, los responsables técnicos y políticos que firmaron, habilitaron, votaron, y permitieron esta irresponsable expansión urbana serán viejitos nonagenarios con la arteriosclerosis por las nubes, que declararán que no se acuerdan de nada y a los que a lo sumo les tocará prisión domiciliaria. Ojalá que sea en un country”. Alejandro Ríos, profesor de Sociología Agraria, LA GACETA, 15/03/2015.